Una deuda histórica saldada

El pasado 16 de febrero se aprobó la Ley 4/2023, de 28 de febrero, en España, más conocida como Ley Trans. Esta norma viene a remplazar a la Ley 3/2007, de 15 de marzo, que tenía por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se correspondía con su verdadera identidad de género. Contemplaba también el cambio del nombre propio para que no resulte discordante con el sexo reclamado.

La actual Ley Trans, que entraba en vigor el 2 de marzo, supone un paso más en el alcance de una igualdad efectiva en los derechos de las personas trans. ¿Pero por qué existe tanto revuelo alrededor de esta? El problema empezó, como de costumbre, con las discrepancias y pulsos entre los diferentes partidos políticos españoles. PSOE y Unidas Podemos en constantes negociaciones que nunca llegaban a nada, el PP criticando cualquier paso de la coalición y VOX, siguiendo con su línea ideológica de la oposición a cualquier avance en derechos y libertades, completamente en contra de regular la realidad de miles de personas. Quizás por pertenecer al “lobby LGTBI”, como este grupo de extrema-derecha lo llama.

Por lo tanto, desde antes de su aprobación muchos de grupos de personas tenían como objetivo tirarla abajo. Una parte del movimiento feminista, más concretamente las mujeres feministas radicales trans excluyentes, las TERF, argumentaban que una norma como esta entraba en conflicto con las leyes que protegen a las mujeres, al poder interferir en procesos de violencia de género y beneficiar al hombre al realizar un “cambio de sexo” porque sí, olvidando que nuestra legislación dice claramente que “una persona será juzgada de forma acorde a sus circunstancias en el momento en el que comete el delito”. Todos los bulos vertidos en los medios de comunicación se desmienten uno a uno si se está dispuesto a primero aceptar y posteriormente erradicar la transfobia que aún existe en la sociedad española.

Desde hace años, el colectivo LGTBIQ+ de todo el territorio había centrado todas sus fuerzas en visibilizar la lucha de las personas trans, una batalla por conseguir una vida digna en igualdad de derechos que el resto de las personas. Dicen que el que la sigue la consigue y todos los años de lucha han obtenido su recompensa. Una ley que supone un antes y después en las miles de vidas trans españolas. Una recompensa, que llega tarde, a una deuda histórica que la sociedad española tenía con las personas trans. El avance en derechos y libertades debería ser motivo de celebración para todos, todas y todes por igual, no un factor de conflicto y división. Se supone que España es un país democrático y donde impera el Estado de bienestar. ¿O no?